El Gobierno prepara otra apelación para lograr la intervención de la Corte

Luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso de per saltum, la Jefatura de Gabinete presentará ante la Cámara un Recurso Extraordinario. El análisis de la admisibilidad del escrito podría aplazar las definiciones para 2013
La Corte Suprema de la Nación rechazó ayer el recurso de per saltum presentado por el Gobierno. Según argumentó, el escrito adolecía de falencias técnicas que hacían inadmisible su tratamiento. Los ministros del tribunal ni siquiera llegaron a analizar si la decisión apelada –la medida cautelar a favor de Clarín- está ajustada a derecho o no.
Esa puerta abierta es la que le permite al Gobierno con insistir con la vía recursiva. Esta vez utilizará caminos más tradicionales e intentará llegar a la Corte a través de un Recurso Extraordinario por cuestión federal, que será presentado en las próximas horas por abogados de la Jefatura de Gabinete.
Si bien la Corte volvió a pedir celeridad en todas las cuestiones vinculadas con la causa de la Ley de Medios, la sustanciación de un Recurso Extraordinaria no es automática y su análisis podría aplazar las definiciones recién para el próximo año.
De acuerdo a las normas procesales vigentes, el Recurso Extraordinario debe ser presentado ante el Tribunal cuya resolución quiere cuestionarse, en este caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
La Cámara deberá darle traslado al Grupo Clarín por 10 días hábiles, es decir, abrirá la posibilidad de que la contraparte opine sobre la cuestión y recién allí se expedirá sobre la admisibilidad del recurso; la Cámara concede o no la elevación del caso a la Corte, no se expide sobre las cuestiones de fondo que el Gobierno viene a impugnar.
Ante un eventual rechazo de la admisibilidad del recurso, el Gobierno aún tiene la posibilidad de presentar un Recurso de Queja directamente en la Corte, lo que le daría otra posibilidad de que el máximo tribunal se refiera a la extensión de la medida cautelar.
En el fallo que rechazó el per saltum, el magistrado Raúl Zaffaroni coincidió con el resto de los ministros en que no estaban dadas las condiciones para avalar el tratamiento del recurso, no obstante advirtió que en caso de verificarse una contradicción entre lo dispuesto por la Cámara y las resoluciones de tribunales inferiores, “podría importar un alzamiento de la instancia ordinaria”, como consecuencia del “grave desconocimiento de la autoridad del Tribunal como máxima instancia de control de constitucionalidad”.

Más de 200 magistrados firmaron una solicitada por una "justicia legítima"

Más de doscientos magistrados y funcionarios judiciales de distintos fueros de todo el país firmaron una solicitada en la que rechazaron el comunicado emitido la semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.
En el texto, los jueces, fiscales, defensores y funcionarios de la justicia que firman sostienen que, aunque forman parte de dichas organizaciones, "no nos sentimos representados por el contenido del comunicado", y los mueve "el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía".
La solicitada a la que accedió Télam "rechaza los términos expresados por las entidades mencionadas" -entre las que también estaba la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial-, y tiene como firmantes a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; a la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; al juez de casación Alejandro Slokar; al presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; y al fiscal de Cámara Jorge Auat, entre otros.
"Sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado", afirman, y señalan que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan".
En otro pasaje, el texto afirma que "los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático" y, por tanto, "el debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales".
Además de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo), Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche) y Gustavo Lugones (Quilmes) son algunos de los titulares de las casas de altos estudios que acompañaron.
Asimismo, el documento continúa aclarando que "la falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta en definitiva a toda la comunidad. La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular".
Por otra parte, afirman que "la recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales".
Finalmente, la solicitada dice que "el Poder Judicial debe velar por el irrestricto respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por ellas de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional. Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de poderes".

Sin el per saltum, el gobierno va a apelar al recurso extraordinario

La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad, aunque con matices argumentales, el planteo de per saltum formulado por la Jefatura de Gabinete contra el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que prorrogó la medida cautelar que mantiene frenada la aplicación completa de la Ley de Medios para el Grupo Clarín. Pero, al mismo tiempo, habilitó todos los mecanismos para que el reclamo del gobierno contra aquella determinación que, contradiciendo lo que había sostenido la propia Corte, eliminó del calendario el 7D, sea rápidamente tramitado en Cámara y llegue en corto plazo, de nuevo, a la máxima instancia judicial del país.
 En los hechos, la decisión que adoptó ayer el tribunal significa que la extensión de la cautelar, dispuesta horas antes del 7 de diciembre por los camaristas Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, sigue vigente. Y que la "cláusula de desinversión" no se puede aplicar, al menos por ahora.

El gobierno apeló el fallo de la Cámara

El Poder Ejecutivo apeló el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la extensión de la medida cautelar que ayer benefició al Grupo Clarín.
El pedido se hizo a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Sala I en la Cámara en lo Civil y Comercial.
“Necesitamos que la Corte ponga urgente las cosas en su lugar. Esperamos que la Corte actúe rápidamente y declare la nulidad (de la extensión de la cautelar). Hay que entender la gravedad de lo que está sucediendo”, manifestó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, en una entrevista con el programa de radio de Víctor Hugo Morales.
“Es indiscutible la necesidad de que la Corte actúe rápidamente y también, a través del per saltum, resolviendo la cuestión urgente. Esperamos tres años, podemos esperar unos días más”, indicó.
Y agregó: “La Cámara está contradiciendo el fallo de la Corte, porque puso la fecha del 7 de diciembre como límite a la medida cautelar”.

Ley de Medios: Los trabajadores decimos

El 7 de diciembre entrará en plena vigencia la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009. Ese día vence la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín y todas las personas y empresas titulares de licencias de comunicación, sin excepción, deberán adecuarse a esta ley democrática. Consultamos a algunos trabajadores de la cultura y la comunicación sobre este tema.

La LSCA regulará los servicios de comunicación audiovisual en todo el país, así como el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del alcance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Repudio a la llegada de la SIP

Lo expresaron trabajadores de medios de comunicación. Comunicadores sociales, trabajadores de medios audiovisuales públicos, privados y cooperativos repudiaron "la visita de entidades que agrupan a empresarios periodísticos de América, como la SIP, con el propósito de `evaluar la libertad de expresión´".
Indicaron que la visita, que se da en coincidencia con la fecha en la cual comenzará a regir plenamente la ley de Medios, significa "presionar para no cumplir la ley".
"Repudiamos la actitud de la SIP, la AIR (Asociación Internacional de Radiodifusoras) y otras organizaciones de empresarios de medios de comunicación, cuyo objetivo es impedir el cumplimiento de la ley en función de los intereses económicos del Grupo Clarín", afirmaron en una solicitada que publica hoy el diario Tiempo Argentino.

El cambio que la ley de medios propone no se reduce al 7 de diciembre

El 13 de octubre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el texto de la ley 26522, conocida como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde ese día, su vigencia ha sido cuestionada -total y parcialmente- a través de diferentes presentaciones legales.
En Junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la validez y la constitucionalidad de la norma completa, revirtiendo un fallo de la justicia mendocina. Desde esa decisión, los ataques a la totalidad de la ley cayeron definitivamente, aunque quedaron reclamos parciales.
Hoy, la última de esas acciones sobrevivientes, es la medida cautelar presentada por el grupo Clarín contra el artículo 161 (que obliga a desprenderse de los medios que superen las cuotas máximas que exige la ley) cuya vigencia superó los tres años de vida y fenecerá en principio el próximo 7 de diciembre.

El Grupo Clarín le recordó a su socio en Cablevisión que es el titular "del 60%" de la empresa

El Grupo Clarín ignoró esta noche la presentación ante la AFSCA que hizo su socio en Cablevisión, el fondo de inversión Fintech, en el marco del proceso de adecuación de la Ley de Medios, y en un comunicado le recordó que es "el titular del 60%" de la empresa.
Luego de que el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, confirmara la presentación de un plan de adecuación que hizo Fintech, socio minoritario en Cablevisión (tiene el 40% de las acciones), el Grupo Clarín emitió un comunicado en la que puntualizó su posición dominante en la empresa.
"Ante la versión de que el fondo de inversión Fintech, accionista minoritario de Cablevisión, habría tomado contacto con la AFSCA formulando consultas sobre el procedimiento reglamentario del artículo 161 de la ley de medios, el Grupo Clarín, titular del 60% de Cablevisión, hace saber que es totalmente ajeno a las mismas y que no avala presentación alguna en dicho organismo", manifestó.
El Grupo Clarín, que se resiste a cumplir una ley votada por amplia mayoría en el Congreso, recordó en otro párrafo que espera "un fallo de fondo sobre su inconstitucionalidad o de una prórroga de la cautelar, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
La compañía Fintech Advisory Inc., propietaria del 40% de las acciones de Cablevisión S.A., propuso esta tarde que su principal socio y accionista mayoritario, Grupo Clarín, venda su parte en esa empresa de televisión por cable.
Lo hizo a través de una nota presentada en la mesa de entradas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la que consulta al organismo presidido por Martín Sabbatella sobre la viabilidad de avanzar en una propuesta de adecuación, luego de los diversos anuncios de representantes del Grupo Clarín de desconocer los plazos establecidos para el cumplimiento de la ley 26.522.

Dueño del 40% de Cablevisión exige que el Grupo Clarín cumpla con la ley de medios

La compañía Fintech Advisory Inc., dueña del 40% de las acciones de Cablevisión S.A., propuso que su principal socio y accionista mayoritario, Grupo Clarín, venda su parte en esa empresa de TV por cable.
Lo hizo a través de una nota presentada en la mesa de entradas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la que consulta al organismo presidido por Martín Sabbatella sobre la viabilidad de avanzar en una propuesta de adecuación, luego de los diversos anuncios de representantes del Grupo Clarín de desconocer los plazos establecidos para el cumplimiento de la ley 26.522.
“La propuesta contemplaría como punto de partida para la consideración de la situación regulatoria de Cablevisión S.A. la venta, por parte del accionista mayoritario (Grupo Clarín), a terceros no relacionados, de la totalidad de su participación en el capital social que representa el 60 por ciento de las acciones que representan el capital social y derechos de voto en Cablevisión S.A., toda vez que la tenencia cruzada de licencias de servicios de comunicación audiovisual y la titularidad de múltiples registros de señales generaría diversos incumplimientos a la normativa vigente”, señala el escrito que deberá ser analizado por el AFSCA.
La empresa indica además que: “En protección de los intereses de la compañía, Fintech Advisory Inc. viene, en su carácter de accionista minoritario y no controlante, a plantear esta consulta a los efectos de proponer la adecuación por parte de Cablevisión a los términos de la ley 26.522 y así prevenir los daños que pudieren causar a la compañía incurrir en irregularidades y actos no ajustados a derecho en un todo de acuerdo al marco normativo vigente”.
La propuesta del grupo Fintech condiciona la intención del Grupo Clarín de negarse a presentar un plan de adecuación antes del 7 de diciembre próximo, fecha establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la aplicación integral de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sobre todo por tratarse del socio principal de Clarín en la principal empresa del grupo que conduce Héctor Magnetto.
Si el organismo presidido por Sabbatella considera que la propuesta de Fintech Advisory Inc. está enmarcada en la ley, los representantes de ese grupo llevarán la iniciativa al accionista mayoritario de Cablevisión.
En la nota elevada a la AFSCA, que firma la apoderada de Fintech Lucía Rojo Vivot, se expresa que “Cablevisión S.A. es una sociedad que presta servicios de televisión por suscripción en 13 provincias del país y a un número aproximado a los 3.600.000 abonados con un número de licencias operativas que la vuelven incursa en la multiplicidad de licencias establecidas en el art. 45 de la norma citada. Motivo este que hace necesario su adecuación al marco regulatorio establecido en la ley 26.522”.
Más de 14 de los 21 grupos que deben adecuarse a la ley, ya presentaron sus planes ante el AFSCA. Al respecto, Sabbatella recordó que esperará hasta las 24 horas del próximo viernes para que todos los grupos presenten sus propuestas ante el organismos que preside.

La AFSCA aprobó el reglamento para la transferencia de oficio

Finalmente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) aprobó, por medio de la Resolución 2206/2012 publicada ayer en el Boletín Oficial, el Reglamento de Transferencia de Oficio que se aplicará, entre otros casos, a los licenciatarios que exceden los límites de la Ley de Medios y no hayan presentado un plan de adecuación voluntario antes de la medianoche del 7 de diciembre próximo.
 A partir de hoy, y a 48 horas del 7D, la normativa rige con todos sus efectos. En los fundamentos del reglamento, y en línea con el mandato presidencial enunciado por el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, de efectivizar el cumplimiento de la Ley 26.522 en un marco de igualdad de condiciones sin excepciones ni privilegios, se aclara que la resolución se creó con la finalidad de dotar a la norma "de estándares unívocos y generales para la gestión, tramitación y resolución del procedimiento de transferencia de oficio…"
 Se destaca, además, que el mecanismo de transferencia de oficio establecido "propende" principalmente a la protección de las licencias y los bienes afectados a ellas, a garantizar la prestación del servicio y a preservar las fuentes de trabajo. Por otra parte, también se contempla el mecanismo de concurso, remarcando el objetivo de generar "de forma transparente la más amplia participación de oferentes".
 El reglamento, que se publicó anexado a la resolución, detalla y sistematiza varios puntos ya anunciados por el titular del organismo. En el Artículo 2 se establece que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación el encargado de tasar las licencias y los bienes imprescindibles afectados a ellas de los licenciatarios que no hayan presentado su plan voluntario hasta el 7D, así como también a aquellos que tengan rechazada su propuesta o a quienes "no hubiesen acreditado la transferencia de licencias conforme lo establecido en el Reglamento de Gestión y Tramitación de la Propuesta de Adecuación".  Quienes hayan sido objeto de "rechazo parcial" de su propuesta o hayan "cumplido o acreditado parcialmente" su plan, pasarán por el mismo mecanismo. También en ese inciso se fija que se tomarán las licencias de menor valor para la transferencia de oficio hasta conformar la adecuación.
 Asimismo, el reglamento indica que el concurso público será el procedimiento para la transferencia de las licencias y los bienes afectados a ellas. Y en el inciso E del artículo 3 se subraya que "hasta el momento en que se efectivice la transferencia de oficio, el licenciatario deberá prestar con continuidad y regularidad el servicio, garantizando la preservación y el funcionamiento de los bienes afectados a las licencias y las fuentes de trabajo en las mismas condiciones existentes".
 Los pliegos de licitación –elaborados por la AFSCA y aprobados por su directorio– deberán tener, entre otros requisitos, "el compromiso de los adjudicatarios de mantener los puestos de trabajo en las condiciones laborales existentes". El llamado a concurso deberá publicarse en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional. A su vez, los pliegos estarán disponibles en la página web de la AFSCA y se constituirá una comisión que "evaluará los antecedentes de los proponentes y emitirá un dictamen en el cual de modo fundado y acreditado detallará la lista de los oferentes que considere reúnen los requisitos exigidos por la Ley Nº 26.522 y demás normativa aplicable, para poder adquirir y operar las licencias concursadas".  «

Sip: piden audiencia
Los medios reunidos en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) solicitaron formalmente una "audiencia" a Javier Matilla Anderson, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que anunció una visita a  Buenos Aires para el próximo 7 de diciembre. Es decir, el mismo día en que vence la medida cautelar del Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
 En ese sentido, Dypra –una cooperativa de servicios que agrupa a 111 diarios y periódicos en 60 ciudades y 17 provincias–, sostuvo que Matilla Anderson viene a la Argentina para, "en nombre de la defensa de la libertad de prensa, apoyar al Grupo Clarín en su pretensión de desconocer las leyes de la democracia de nuestro país".
 Con las firmas del presidente de la entidad, Julio Delgado, y de su secretario, Jorge Conalbi, la nota de Dypra remarcó que su "profundo interés en la irrestricta defensa de la libertad de prensa" se debe a que sus miembros sólo se dedican al periodismo y "no están asociados a otro tipo de negocios".
 Ya en octubre pasado, ante el rechazo de la SIP a la política de medios que se viene impulsando desde el Estado argentino, Dypra le había salido al cruce. "Nos gustaría que el señor Matilla se entere que después de muchos años por fin se terminó el cupo que Clarín y La Nación a través del dominio de la empresa Papel Prensa le imponían al resto de los diarios", sostuvo la entidad. Y también expresó su deseo de que "el señor Matilla se entere que de ese mecanismo se valieron los grupos monopólicos tanto para crecer asegurándose el papel más barato, como para frenar el desarrollo de sus competidores".

7D: casi el 70% de los grupos excedidos presentaron su plan

El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, fue tajante al sostener que el 7D se aplicará en su totalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Vamos a cumplir la resolución de la justicia, se resuelva o no la cuestión de fondo", dijo en referencia al planteo de inconstitucionalidad que pesa sobre la norma, argumento que esgrime el Grupo Clarín para no reconocerla. El funcionario asegura que la ley es absolutamente constitucional y por ello, informó, ya se presentaron 14 grupos o titulares de licencias para tramitar la adecuación voluntaria y que el directorio de la AFSCA deberá estudiar si la documentación presentada es correcta. En total son 21 los grupos o titulares  de licencia que deben adecuarse.

Ley de Medios: el juez Alfonso aceptó al Afsca como parte de la causa

El juez civil y comercial federal Horacio Alfonso incorporó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) como parte en la causa por la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
El juez Alfonso consideró que la Afsca “no resulta ajena al presente proceso”, por lo que ahora el organismo que dirige Martín Sabatella podrá pedir medidas, hacer diferentes planteos, contestar las presentaciones del Grupo Clarín y apelar las resoluciones que dicte la justicia.
A pesar de considerarlo en “calidad de parte”, el magistrado limitó la intervención del Afsca en la causa “a las secuelas procesales que se sucedan de ahora en más, habida cuenta que el plazo para la presentación de los alegatos se encuentra precluido”.
Alfonso dispuso que esta decisión sea notificada a las partes “en el día” y que luego se incorporen los alegatos al expediente y “se dará vista de la causa al Sr. Fiscal Federal”.
Una vez finalizados esos pasos, “se dictará –de corresponder– el proveído previsto por el art. 483 de rito”, que es el dictado de la sentencia de fondo, tal como lo solicitó días atrás en un fallo la Corte Suprema de Justicia.

El viernes entrará en vigencia la Ley de Medios

El próximo viernes 7 de diciembre vence el plazo determinado por la Corte Suprema de Justicia para la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín contra uno de los artículos de la Ley de Medios, por lo que ese día la normativa entrará en vigencia plena.
 Asimismo, el lunes 10 de diciembre, primer día hábil desde la finalización del plazo, fue la fecha indicada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para que todos los grupos de medios activen el plan de adecuación que presentaron oportunamente a dicho organismo.

Activa jornada de debate sobre la Ley de Medios en Centenario

Vecinos, funcionarios y militantes políticos debatieron el sábado pasado sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como la Ley de Medios”) en el municipio de Centenario. A la charla asistió el intendente Javier Bertoldi, integrantes de su Gabinete, concejales, militantes de partidos políticos y algunos referentes de medios de comunicación de la localidad. El debate fue presidido por Néstor Piccone, miembro del Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre y además es co-fundador de la Coalición para una Radiodifusión Democrática.

Trabajo y Afsca firmaron convenio para proteger a los trabajadores

El Ministerio de Trabajo y la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) firmarán hoy un convenio de cooperación para "preservar los puestos de trabajo, garantizar el respeto por las condiciones laborales y facilitar la generación de nuevos empleos". Será ante la proximidad del 7 de diciembre, día que vence la medida cautelar que bloquea el artículo sobre desinversión de licencias.
El convenio se rubricará a las 12 en la sede de la cartera laboral de la Avenida Leandro Alem 650 de la Capital Federal, según informó un comunicado de Trabajo, que confirmó la presencia en el encuentro del secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimaro.

Centenario: charla sobre la Ley de Medios

Una activa participación de vecinos, militantes y funcionarios municipales tuvo la charla sobre la Ley de Medios, organizada el sábado pasado por el Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre en el municipio de Centenario.
La charla debate fue presidida por el miembro de esa entidad, Néstor Piccone, y el periodista Alejandro Lillo.
Entre algunos tramos de la charla, el público, entre los que se encontraba también el intendente Javier Bertoldi, se mostró interesado en la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales en las pequeñas localidades, como en el caso de Centenario. Varios participantes preguntaron sobre cómo acceder a una licencia, los costos, además de todo el debate político e ideológico que se desató en torno a la aplicación de la ley, frenada por una medida cautelar hasta el 7 de diciembre por el Grupo Clarín. “La construcción de poder que tiene los medios de comunicación era para condicionar la política, poner ellos los presidentes, sacarlos elegir los diputados y también se repetía ese esquema monopolio en todo el país. Se pasó de debates de ideas en el espacio público a que la política se haga directamente desde los medios de comunicación”, explicó Piccone.
Bertoldi tuvo una intervención dentro de la charla, ya que hace pocos más de 20 años fue uno de los pioneros en traer el servicio de cable en la localidad, cuando el servicio aún no estaba monopolizado. Consideró estar a favor de la ley, aunque puso reparos a cuestiones prácticas, como la adquisición de programación en las pequeñas empresas y cooperativas del interior que licitarán luego de la aplicación de la ley.

El CELS defenderá a periodistas

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció ayer que asumirá la defensa de un grupo de periodistas que, según reafirmaron las autoridades de la entidad, fue denunciado por el Grupo Clarín.
Las autoridades del organismo de derechos humanos sostuvieron que la demanda, presentada pocos días antes del "7D", busca "intimidar a los periodistas".
"Vamos a ejercer la defensa de los periodistas en la causa penal iniciada por el Grupo Clarín. La intimidación al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si la ejerce el Estado como si la ejerce una gran empresa", indicó el titular del CELS, Horacio Verbitsky, que estuvo acompañado por el secretario Damián Loreti y el director ejecutivo Gastón Chillier.

Testigos de parte
Previamente, los abogados del Grupo Clarín dieron a conocer un comunicado en el que ratificaron la presentación judicial realizada la semana pasada para que se investigue si hubo "incitación a la violencia" por parte de funcionarios, pero negaron que incluya a periodistas como imputados sino que "sólo serán testigos".
Los letrados Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada aseguraron que "no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia". Sin embargo, Verbitsky sostuvo que "hay una contradicción flagrante entre la demanda y la aclaración del abogado del Grupo Clarín".
El CELS ratificó que la denuncia presentada por los abogados del multimedios acusa del delito de incitar a la violencia colectiva a los periodistas Sandra Russo, panelista del programa "6,7,8", así como también al relator de "Fútbol para Todos" Javier Vicente, al fundador de "Tiempo Argentino", Roberto Caballero; a Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
La misma acusación se extiende a funcionarios y legisladores como el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros.

Charla-debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

El municipio de Centenario invita a participar de la charla debate sobre la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, que se realizará el sábado 24 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples Nº1 del Palacio Municipal, ubicado en Intendente Pons y San Martín.
La charla contará con la presencia de Néstor Piccone, miembro del Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre quien además es co-fundador de la Coalición para una Radiodifusión Democrática.
Para mayor información, comunicarse con el 4893-499 o dirigirse a la Dirección General de Prensa y Difusión.

El Afsca definirá en audiencia pública los "acontecimientos de interés general" para 2013

El órgano de aplicación de la Ley de Medios, hará este martes una audiencia pública en Diputados para definir "acontecimientos de interés general" para su emisión televisiva en el próximo año.

La convocatoria, que está pautada en el Salón de Conferencias Delia Parodi de la Cámara baja, fue hecha por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), y forma parte del cumplimiento de los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por amplia mayoría parlamentaria en 2009.

De este modo se garantiza "el derecho al acceso universal a los contenidos informativos u acontecimientos de interés público", al darse lugar a que se elabore un listado anual de eventos "para la retransmisión o emisión televisiva, siguiendo criterios de justicia, razonabilidad y no discriminatorios, en base a los resultados obtenidos" en la audiencia.

Los resultados y listados definitivos serán publicados en el Boletín Oficial y en el sitio del COFECA (www.cofeca.gob.ar), el organismo creado por la Ley 26.522 para "colaborar, proponer políticas públicas de comunicación, asesorar y realizar el seguimiento de la normativa".

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual está conformado por representantes de las provincias, medios de comunicación,  sindicatos, universidades nacionales, medios públicos, sociedades gestoras de derechos y pueblos originarios.

El 7 de diciembre termina la adecuación voluntaria

El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, confirmó que "después del 7 de diciembre comienza el proceso de oficio". Y detalló que el grupo Clarín "puede tener 24 y hoy tiene 237 licencias" de cable.

Sabbatella aseguró que el 8 de diciembre "todos los plazos de adecuación" a la Ley de Medios "estarán vencidos", y el Estado iniciará "el proceso de transferencia de oficio" de las licencias que exceden el límite que establece la norma, en cumplimiento de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que hasta el momento "todos los grupos, menos uno, presentaron a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual su compromiso de adecuación" a los límites que pone la ley a la titularidad de medios, en referencia al Grupo Clarín que fue el único que ya adelantó que no se adecuará.

"El 8 de diciembre, absolutamente todos los plazos estarán vencidos y entonces el Estado, a través del AFSCA, iniciará el proceso de transferencia de oficio", explicó Sabbatella en el marco de la presentación del cuadro de situación de cada uno de los grupos de medios audiovisuales, que realizó esta mañana en La  Manzana de las Luces, en el auditorio en el que funcionó la antigua Legislatura porteña.

El funcionario recordó que "la Corte fue muy clara en cuanto a que más allá de que se resuelva o no la cuestión de fondo, el 7 de diciembre es la fecha límite para la aplicación de la ley" y, en ese sentido, expresó su deseo de que para ese momento "no haya nadie que no cumpla con la ley".

Antes del 7 de diciembre, el plan de adecuación es voluntario y lo decide el titular, en tanto que después del 7 de diciembre, el plan lo hace de oficio el AFSCA, explicó Sabbatella ante un auditorio con masiva presencia de medios nacionales, y también de medios universitarios, provinciales y extranjeros.

"La ley es para todos, no hay estado de derecho donde uno puede elegir qué ley quiere cumplir y que ley no. La ley ya se debatió y se aprobó. Ahora no estamos debatiendo la ley, ni si te gusta, ni si no te gusta. Estés o no de acuerdo, la ley hay que cumplirla", advirtió el titular del AFSCA.

Sabbatella dejó claro que durante todo el proceso de adecuación de los grupos a los límites que establece la ley, "está garantizada la continuidad de los puestos de trabajo, el servicio y el cuidado de los bienes", como requisito ineludible.

Según dijo, en el caso de que el Estado tuviera que actuar de oficio porque algún grupo no se comprometió a un plan de adecuación voluntario, el proceso comenzará con "la apertura del registro de oferentes, la tasación de las licencias -realizada por el Tribunal Nacional de Tasación-, la selección de las licencias que se licitarán, la apertura del proceso licitatorio y el posterior traspaso al nuevo titular".

En el caso de los grupos que sí presentaron su plan de adecuación voluntaria, el proceso comienza con la evaluación del plan por parte del directorio del AFSCA, lo que podría incluir observaciones, que tendrían diez días para su corrección.

Sabbatella sostuvo que la ley de Medios "busca garantizar la diversidad, la democratización de la palabra", en contra de la existencia de "gigantes come todo", que con sus posiciones dominantes y su tendencia monopólica "lesionan la democracia de la palabra".

"La ley está profundamente comprometida con la libertad de expresión", dijo.

En cuanto al grupo Clarín, dejó claro que si se habla de él es porque "es el que más excede los límites que puso la ley a la titularidad de los medios, y porque ya ha dicho que no va a cumplir con la ley".

Al finalizar su informe, Sabbatella destacó que "el objetivo, y es el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es hacer que se cumpla la ley sin excepciones".

"Esta ley es profundamente democrática para que todas las voces se escuchen y garantizar la libertad de expresión", enfatizó.

Informe "Estado de situación de los grupos de medios":

AFSCA-Estado-de-situación-de-los-grupos-de-medios