El TSJ ratificó condenas contra policías por el caso Alveal

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificó las condenas contra los policías que estuvieron en las comisarías a las que fue trasladado José “Pepe” Alveal, el joven obrero de Fasinpat al que atacaron a balazos de goma durante una protesta en la zona oeste en noviembre de 2003.
A través de la sala penal, integrada por los jueces Guillermo Labate y Graciela Martínez de Corvalán, el máximo organismo judicial analizó el trato que le dieron en las comisarías Primera y Dieciocho, a las que fue trasladado tras ser herido y detenido el joven ceramista.
A instancias de la resolución, quedaron en pie las condenas para Leonardo Calvín Díaz Perez a seis meses en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público; a Laureano Díaz y Diógenes Martín a 2 años en suspenso por severidades ilegales; y a Adolfo Padilla a 1 años y 8 meses por severidades ilegales.

Inahbilitados
Además, todos fueron inhabilitados para estar dentro de la fuerza por un plazo que duplicó las penas que les impusieron.
En tanto los policías César Canales, Roberto Fuentes y Víctor Díaz, fueron sobreseídos.
La abogada querellante, Ivana Dal Bianco, dijo: “En principio se mantiene la sentencia de primera instancia, que para nosotros fue una pelea importante que se condenara a cuatro de los siete imputados, entre ellos, dos comisarios”. Agregó: “Nos parece importante que la pena, no sólo implica una condena de ejecución condicional, sino la inhabilitación para ser policía. En este sentido nos parece que es importante”.
Con respecto a las absoluciones, dijo: “No estamos de acuerdo con que se mantuvieran, en torno a tres responsables absolutamente de todo lo que le hicieron pasar a Pepe Alveal, de las torturas y vejaciones”.

Soledad Rangone será la titular de la fiscalía de género de Neuquén

El Tribunal Superior de Justicia aprobará, posiblemente en el acuerdo del miércoles 5 de diciembre, la creación de la fiscalía de Delitos Especiales, que se encargará de investigar los abusos sexuales y de género, pero también las desobediencias a una orden judicial en causas que se tramiten en los juzgados de Familia.
La integración será tal que la fiscalía funcionará en la misma sede que los juzgados de Familia. Su titular será Soledad Rangone, supervisada por Rómulo Patti.
En cuanto a la nueva titular, aquí y aquí hay un par de viejos posts que pueden resultar de interés.
Una consecuencia de la creación de la agencia especial será la desaparición de la fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, fuertemente identificada con Sandra González Taboada, hoy fiscal de Cámara en Zapala.
A partir de ahora, todos los homicidios culposos o dolosos que no sean resultado de violencia doméstica o contra la mujer serán investigados por el fiscal de turno.
La fiscalía de Delitos Especiales comenzará a funcionar el 1 de febrero de 2013.
En los fundamentos de su creación, el fiscal general José Gerez detalló que “facilitará la coordinación de acciones con los juzgados competentes y el acceso a los antecedentes judiciales, si los hubiese, para poder adoptar medidas adecuadas a la situación planteada”.
Para el fiscal general, es aconsejable que la agencia sea competente para intervenir en las investigaciones de todos los delitos contra la integridad sexual, “porque la recepción del material probatorio, el manejo de la evidencia y la complejidad de la investigación de tales hechos, requiere de un tratamiento especializado”.
“Forma parte de la política de persecución penal de este Ministerio Público Fiscal investigar y erradicar la prostitución y abusos infantiles, los delitos que conforman las redes de tratas de personas y todo acto que configure un atentado contra la integridad sexual de las personas”, añadió.
Debido a la complejidad de la investigación de estos hechos, “resulta necesario contar con una agencia fiscal que trabaje estrechamente con expertos; médicos, psicólogos, psiquiatras, técnicos informáticos, fotógrafos, etcétera, y al mismo tiempo se vincule con otros organismos públicos y privados para coordinar acciones conjuntas”.

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Comité de crisis para afrontar paro judicial

Los empleados judiciales realizaron ayer un paro por 24 horas y continuarán hoy con retiros en las diferentes áreas del Poder Judicial. El lunes definirán en asamblea cómo continúan con las medidas ante la falta de respuesta a un incremento salarial del 35% para la segunda mitad del año.

El Tribunal Superior creó un "comité de crisis" para "garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía en trámites que resulten urgentes o impostergables". Al igual que el resto de los estatales, el gremio Sejun sigue sin obtener una oferta salarial por parte del Tribunal Superior de Justicia. José Luis Torres, secretario general del sindicato, recordó que en agosto presentaron un pedido de suba salarial de un 35% para el segundo semestre. Durante el primero recibieron entre un 17 y un 21%.

Ante la falta de respuestas la semana pasada iniciaron un retiro en la mayoría de las dependencias judiciales, afectando principalmente los fueros de Familia, Civil y Comercial. Esto motivó quejas de los abogados, que llevaron su planteo al TSJ.

El lunes los trabajadores definirán en asamblea como continuarán con las medidas de fuerza si es que siguen sin repuestas. Torres había adelantado que esperaban reunirse con el presidente del Tribunal, Ricardo Kohon para obtener una solución de manera urgente. "Si siguen con esta actitud las medidas se van a endurecer", aseguró el dirigente.

Respecto del comité de crisis, se informó oficialmente que "no tiene como finalidad superar los efectos de la huelga, sino garantizar la atención de los derechos básicos de los justiciables que se ven afectados por la misma y prever mecanismos para afrontar las consecuencias cuando ésta concluya".

Judiciales paran el jueves por 24 horas

Ante la falta de respuestas por parte del Tribunal Superior de Justicia, trabajadores judiciales iniciarán mañana jueves un paro por 24 horas.

Representantes de SEJUN se reunieron ayer con autoridades el Tribunal, pero no recibieron ninguna propuesta del máximo órgano de justicia. “Nos dicen que no cuentan con los fondos”, indicó el titular del gremio, José Luis Torres.

“Lamentablemente coincide con la situación que plantea el Poder Ejecutivo. Digo lamentablemente porque entendemos que los tres poderes son independientes y, por tanto, deberían poder tomar decisiones distintas“, señaló.

Los judiciales piden que el aumento afecte sólo a los trabajadores del Poder Judicial y que no alcance a jueces y funcionarios, cuyos salarios representan un 55% de la masa salarial, dijo Torres.

Impugnaron el fallo a favor de acusados de cortar la ruta

El fiscal Ignacio Di Maggio rechazó el sobreseimiento dictado por el juez Alejandro Cabral en relación a un piquete sobre la Ruta 7.

El fiscal Ignacio Di Maggio rechazó un fallo dispuesto por el juez correccional Alejandro Cabral en el que había sobreseído en forma definitiva a cinco acusados de haber entorpecido el normal funcionamiento de la Ruta Provincial 7, a la altura de la localidad de Centenario, en el lugar conocido como El Picadero.

El fiscal reclama en el recurso de casación que se deje sin efecto el sobreseimiento y se ordene la realización del juicio oral y público para que se ventile la responsabilidad penal de cada uno de los sospechosos. 

Para el fiscal, la resolución del magistrado “afecta la intervención y la participación del Ministerio Público Fiscal, provocando un gravamen irreparable”. Asegura también que se ha caído “en un error de prohibición invencible asumiendo el juez de la causa una postura netamente abolicionista, rotulada de un modo aparente de garantismo penal”.
Explica que “la arbitrariedad” se verifica en el sumario en el que se ha “quebrantado la congruencia procesal y sorprendiendo con tal decisión al Ministerio Público Fiscal, el que no tuvo oportunidad alguna de expedirse antes de que se emitiera la decisión que se impugna”.
De esa manera, agrega que “se deja a la sociedad sin una respuesta adecuada, quedando impunes hechos penalmente relevantes a través de un procedimiento no reglamentado”.
El corte al tránsito vehicular se produjo el 2 de julio de 2009 y duró nueve horas. Los imputados y otras personas no identificadas colocaron palos, neumáticos, maderas y ramas sobre el asfalto. El fiscal añadió además que los manifestantes impidieron la circulación sobre las vías de acceso alternativas utilizando un alambrado de hierro y maderas, sobre el camino de ripio que conduce al acceso a la zona de chacras.

Citan a concejales por pedido de nulidad de una ordenanza

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) citó a concejales de esta localidad a raíz de un pedido de nulidad presentado por el MPN, sobre la nueva ordenanza que autoriza al municipio a vender tierras fiscales sin intervención del Concejo Deliberante.

Desde el bloque del MPN, Juan Galati aclaró que “no todos los concejales fueron citados, pero cada uno tendrá que exponer sus argumentos”.
Lo que pretenden los dos concejales del partido provincial –Galati y David Silva– es que la Justicia anule la sesión especial del 29 de mayo, cuando se aprobó la ordenanza 6.231/12, por no haber sido convocada con 24 horas de antelación.
Según la petición a la secretaría de Demandas Originarias del TSJ, el bloque del oficialismo habría violado el artículo 55 del Reglamento Interno del Deliberante.
“Nuestro planteo fue que nunca nos convocaron formalmente. El proyecto había sido presentado en febrero y de repente hubo una urgencia inexplicable para tratarlo”, comentó el edil.
Según el concejal, la normativa interna del Concejo establece plazos para convocar a una sesión especial y que el oficialismo tuvo apuros en aprobar la nueva ordenanza. Más allá de lo que establezca la Justicia, la normativa se aplica y todo indica que nada la hará retroceder, debido a la cantidad de adjudicaciones en venta de tierras que realizó el municipio.
Galati explicó que existen grupos en los barrios que se niegan a pagar el nuevo precio por metro cuadrado de la tierra. La vieja ordenanza (no derogada) establecía en 11,5 pesos el valor fiscal de los terrenos en Centenario. Los nuevos precios se dispararon a 50 y 60 pesos el metro cuadrado –ya sea para lotes domiciliarios o para empresas– aunque la tarifa no se movía desde hacía 22 años.

Zainuco convoca a marcha para hoy

Será a las 11 cuando se reúnan los manifestantes frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia en calle Alberdi 52 de Neuquén capital. Pedirán justicia por la muerte de Cristian Ibazeta y condena por torturas a los 27 policías. Mediante un comunicado de prensa contextualizaron la convocatoria al indicar que “en mayo del 2010, se realizó el juicio a 27 policías de la U11, imputados por torturas, por la represión que durante tres días sufrieron los detenidos”. En esa oportunidad se presentaron como testigos más de 25 detenidos que habían sido víctimas de torturas en esos hechos, entre ellos estaba Cristian Ibazeta, quien fuera testigo fundamental; luego fue asesinado en la U11. La Cámara Criminal Segunda de Neuquén dio por probados los hechos detallados, pero los calificó como apremios ilegales, condenando a 6 policías por apremios ilegales, y sólo a 2 se les impuso condena efectiva. Los 21 restantes fueron absueltos. Como querellantes ZAINUCO interpuso un recurso de Casación rechazando esta sentencia, convencidos que con ella se institucionalizaba la impunidad, el asesinato de Cristian lo demuestra. No casualmente el Tribunal convoca ahora a un alegato in voce (en vivo) para decidir si revocan la sentencia. El documento expresa que “hoy Cristian somos todos los que no callamos, nos movilizamos y gritamos su vida. Lo nombramos, lo sacamos de los muros que le construyó el Gobierno, la Justicia y la Policía. Y lo ponemos a salvo, en nuestro corazón y en nuestras banderas de lucha”. Fuente: Prensa Zainuco

La agrupación Zainuco reclamó respuestas

Zainuco pedirá al Tribunal Superior de Justicia que instale un scanner en la Unidad de Detención 11. La entidad lo expresó en un comunicado ante la falta de “respuesta a denuncias por los abusos policiales fuera y dentro de las cárceles y comisarías de Neuquén”. También exigirán el cese de la violencia policial con una manifestación frente a las puertas del TSJ. La actividad será hoy 10.30, en la dependencia de la calle Juan Bautista Alberdi 36 de Neuquén capital.

El último pedido formulado por el mismo tenor data del 2 del corriente mes.