jueves, 6 de diciembre de 2012

El cambio que la ley de medios propone no se reduce al 7 de diciembre


El 13 de octubre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el texto de la ley 26522, conocida como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde ese día, su vigencia ha sido cuestionada -total y parcialmente- a través de diferentes presentaciones legales.
En Junio de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la validez y la constitucionalidad de la norma completa, revirtiendo un fallo de la justicia mendocina. Desde esa decisión, los ataques a la totalidad de la ley cayeron definitivamente, aunque quedaron reclamos parciales.
Hoy, la última de esas acciones sobrevivientes, es la medida cautelar presentada por el grupo Clarín contra el artículo 161 (que obliga a desprenderse de los medios que superen las cuotas máximas que exige la ley) cuya vigencia superó los tres años de vida y fenecerá en principio el próximo 7 de diciembre.

El gobierno nacional convirtió la fecha (el 7D) en un símbolo de la plena vigencia de la 26522: la hora de la democratización de los medios, la pluralidad de voces y de la diversidad de opiniones.
Desde la Cooperativa 8300 creemos que estos son algunos de los aspectos que garantiza la (ya no diremos nueva) Ley de Medios. De hecho, nuestra militancia a favor del proyecto, de los 21 puntos por una radiodifusión democrática, y el debate que dimos junto con otras organizaciones locales (como el Sindicato de Prensa de Neuquén y la ong Convocatoria Neuquina) en todos los foros posibles, dan cuenta de nuestras firmes convicciones al respecto.
Lo que nos movilizó y moviliza en apoyo a la ley, es fundamentalmente el cambio de paradigma que implican el texto y el espíritu de la 26522. Se pasó -por primera vez en los casi 90 años de existencia de medios audiovisuales en el país- de un modelo que sólo admitía la existencia de medios privados comerciales, a concebir a la comunicación como un derecho humano fundamental. Y se estableció que el espectro radioeléctrico, que hasta octubre de 2009 estuvo sólo en manos del mercado, es un bien del Estado, del que tienen derecho a participar los medios comerciales, pero también los estatales y los de organizaciones sin fines de lucro.
Esto nos lleva a apoyar, defender y exigir el cumplimiento de la ley por parte de todos: los privados, el Estado, el gobierno, los representantes legislativos y sociales y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Pero nuestro apoyo a la norma no fue ni es un cheque en blanco para nadie. Esta ley en su letra y en su espíritu, conlleva un cambio cultural importante para la sociedad. Un cambio que no se producirá de la noche del 6 de diciembre a la mañana del 7. A lo sumo, el 7D comenzará otra lucha legal. Pero el cambio que la ley propone, debió comenzar ese día de octubre en que se publicó en el Boletín Oficial.
Que el gobierno haya retrasado tres años su implementación (han habido avances, pero demasiado pequeños) y que hoy el debate sobre la ley se centre sólo en el grupo Clarín, habla mal de las verdaderas convicciones oficiales sobre los efectos que podría generar a largo plazo la 26522.
Desde la cooperativa 8300, queremos ir por más. Exigimos que el grupo Clarín se adecue a la ley como lo deben hacer todos los medios que estén fuera de ella.  Al gobierno,que se preocupe por el cumplimiento total de la ley y no sólo por las desinversiones. A la AFSCA, que imponga su poder para que se respeten (entre otros aspectos) las cuotas de producción local, las reglas de deconcentración de la propiedad de medios y que cree las condiciones para que los medios alternativos y comunitarios tengan un tratamiento diferente al de los comerciales. Al Estado, que implemente políticas activas de promoción de nuevos medios, tanto desde la capacitación como desde el apoyo económico para garantizar el arranque, y que tenga en cuenta que el tercio para organizaciones sin fines de lucro es demasiado heterogéneo, entre otros aspectos.
Estamos convencidos y convencidas de que tenemos hoy una de las mejores leyes de medios audiovisuales, aún cuando todavía hay mucho por mejorar. Y que la mejor forma de defenderla, no es silenciando nuestras críticas, sino haciendo públicas.

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