Según esta resolución, los fiscales deberán incluir en sus investigaciones el documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en los años ‘70 y ‘80 en Argentina.
Este documento resalta las falencias en el tratamiento judicial que recibe este tipo de delitos en las causas de lesa humanidad al tiempo que recomienda medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de índole sexual en los procesos en los cuales están siendo juzgados represores acusados por delitos de lesa humanidad.
Además, el documento brinda pautas de actuación para evitar o morigerar sus efectos perniciosos, en concordancia con las observaciones finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer efectuara al Estado argentino durante el año 2010.
Para Marta Vasallo, coautora de “Grietas en el silencio”, un libro que aborda la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, la resolución es una “gran iniciativa” porque durante mucho tiempo el tema “encontraba reparos no sólo en el Poder Judicial sino también dentro del movimiento de derechos humanos”.
Vasallo consideró que los delitos de violencia sexual formaron parte del plan de represión ilegal. El concepto de violencia sexual “incluye por supuesto la violación, pero hay muchas formas de violencia sexual que no son precisamente violación pero que tienen que ver con la humillación, el manoseo que también tiene connotaciones sexuales, como también obligar a la persona a desnudarse o a tener relaciones con los represores”. Resaltó que “es cierto que las víctimas de estos delitos tienden a callarse porque la denuncia las pone en una situación todavía peor de la que tenían en el silencio”.
Destacó el cambio de actitud de la Justicia hacia este tipo de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal. “Parece haber sido más fácil denunciar delitos horrendos como la tortura o la privación ilegal de la libertad, incluso los asesinatos, que entrar en el terreno de la violencia sexual”.
La fiscal federal María Cristina Beute precisó que a las víctimas les cuesta más hablar del abuso sexual que de las torturas porque les afecta en la subjetividad de esa persona. Y comentó que hace más de un año que en la fiscalía están revisando las causas de la región para investigar los delitos sexuales. “Los abusos sexuales eran una forma de ataque”, agregó.
Abusos en la región
Dora Seguel fue detenida el 15 de junio de 1976 en la escuela nocturna Margarita Salinas de Páez en el marco del Operativo Cutral Co cuando tenía 16 años. Compartía su militancia en el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) con sus hermanas Arlene y Argentina. Este operativo, llevado a cabo por fuerzas militares y policiales, tuvo como resultado la detención y tortura de una decena de militantes sociales y políticos de la Comarca, varios de los cuales siguen desaparecidos como Miguel Ángel Pincheira, José Delineo Méndez, entre otros.
Durante su declaración ante el tribunal en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región, cuya sentencia se conoció en noviembre, Seguel pidió a los jueces que se juzgue a los responsables de la violencia sexual durante el terrorismo de Estado. “Ellos violaron y tienen que ser castigados por las violaciones también. Porque lo que se buscaba era aniquilarnos moralmente, que no sirviéramos para nada, como me decían al oído”.
El testimonio de Seguel el 16 de mayo pasado en el juicio reveló que la violencia sexual fue un tipo de tormento que se aplicó en forma sistemática”.
Describió que luego de su detención fue llevada a la Comisaría 14 de Cutral Co y que durante el interrogatorio en la oficina del comisario Héctor Mendoza, la insultaron, la vendaron y la golpearon. “Un militar dijo ‘llevate a esta tarada’ y con las manos atadas y los ojos vendados, el que me sube al celular donde no se escuchaba nada, me violó. Luego me dijo ‘de esto no se habla’, y me dejó ahí en uno de los calabozos”, confesó Seguel ante los jueces.
Según su testimonio, luego de pasar por la U9, donde también estaba su hermana Argentina, cuando era interrogada una persona entró al lugar y dijo “a esta negrita la quiero para mí”. “Cuando yo pensaba cómo zafar de una nueva violación, nos sacan de allí y nos llevan en un auto, tapados con una frazada. En medio del camino me bajan a mí sola y me violan. Es decir que el jefe del interrogatorio me entregó”, aseguró.
“La tortura física se termina pero las aberraciones sexuales a las que fuimos expuestas continúan", dijo Seguel para argumentar su pedido.
Fue la primera persona que tuvo la valentía de confesar la violación sufrida ante los jueces que juzgan a represores de la región. “El hecho de haberlo expresado en una audiencia pública es muy importante porque su testimonio radica en la visibilización de las agresiones sexuales como parte del plan represivo”, comentó la fiscal Cristina Beute.
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