La iniciativa dispone a su vez la obligatoriedad, por parte
de las empresas prestadoras de telefonía móvil, de reubicar aquellas torres que
hubieran sido emplazadas con anterioridad a la normativa, en un plazo no menor
a dieciocho meses contados desde la publicación de la misma en el Boletín
Oficial del Estado.
Por otra parte, el proyecto
de ley, contempla el deber de las compañías de telecomunicaciones de informar a
la población acerca de los riesgos para la salud derivados de la exposición
continuada de radiaciones electromagnéticas no ionizantes emanadas por las
antenas de telefonía celular.
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