La trata llegó a la Justicia Federal

Por primera vez en la provincia, la Justicia Federal elevó a juicio oral dos causas por el delito de trata de personas: una con fines de explotación sexual y la restante laboral. Las víctimas fueron una mujer de 36 años de República Dominicana y una adolescente de 18 años que fue traída desde Perú.
 Por el delito de trata con fines de explotación sexual hay dos mujeres y un hombre imputados, todos de República Dominicana. Mientras que en la otra causa se encuentra imputada una mujer de nacionalidad peruana. En este hecho también se configuró el delito de reducción a la servidumbre y el de propiciar la permanencia irregular de extranjeros (delito migratorio), por el cual está imputada la mujer peruana como también su hija e hijo.
 La información fue confirmada a este diario por María Cristina Beute, titular de la Fiscalía Federal Uno, dependencia que llevó adelante las investigaciones.


Explotación sexual
 La víctima de República Dominicana fue captada en 2010 en su país de origen para ser trasladada a Mar del Plata. En la ciudad costera la recibió otra mujer del mismo país, que la llevó a un prostíbulo para ser acogida por su “pareja” que trabajaba en el lugar como guardia de seguridad.
 “Una de las mujeres la engañó al decirle que iba a viajar para trabajar en una fábrica o restaurante, pero la llevaron a un prostíbulo”, contó la fiscal Beute.
 Según la investigación, la víctima tuvo una crisis emocional tan profunda que sus captores prefirieron no explotarla y la expulsaron a la calle para no levantar sospechas ante los clientes. “Aunque la explotación no se haya realizado, el delito de trata de personas se configura igual dado que se cumplieron con los pasos de captación, traslado y acogimiento”, aclaró la fiscal.
 Una vez en la calle, se encontró sin trabajo ni dinero y entró en una red de prostitución para poder sobrevivir. La mujer, casada y con cuatro hijos, nunca había ejercido la prostitución. Pasaron unos días y una de las captoras la encontró y la llevó a un prostíbulo de Añelo.
 En la localidad petrolera pudo pedir ayuda en una iglesia y luego se contactó, a través de una carta, con la Colectiva Feminista La Revuelta, organización que contuvo y ayudó a la víctima a realizar la denuncia en la Fiscalía. Así se pudo iniciar con las investigaciones que comprobaron el delito de trata.
 “Tanto La Revuelta como autoridades nacionales hicieron contacto con organismos que se dedican a la protección de mujeres que ayudan a la reinserción de la víctima”, subrayó Beute.
 En cuanto al prostíbulo de Añelo, confirmaron que fue allanado por la Justicia aunque no se les imputó el delito de trata porque la persona llegó por sus propios medios. En tanto, la Justicia provincial continúa con la causa para ver si el lugar sigue funcionando.