La fiscal de Cámara María Dolores Finochietti planteó la casación de la sentencia absolutoria del exintendente Castillo y de sus secretarios Patricia Gutiérrez (de Gobierno y Acción Social) y Roberto Contreras (de Hacienda).
El pedido se tramitó esta semana en la Cámara Criminal I y se elevó al TSJ: si el máximo tribunal lo rechaza la absolución quedará en firme, y si le da la razón a la fiscal llamará a un nuevo juicio.
La apelación sólo alcanzará a Castillo, Contreras y Gutiérrez, ya que la fiscal no estaba habilitada para apelar la sentencia por el resto del gabinete debido a que en el juicio había solicitado penas de tres años o menos, por lo que la absolución quedará en firme para quienes fueron directores de Acción Social, de Compras o el encargado del corralón.
En el caso de Héctor "Zapallito" Molina y Samuel Bustos que solicitaron probation "sus casos aún no se resuelven", dijo la fiscal. Aún no se realiza la audiencia para que decidan las condiciones del juicio a prueba y sus casos no están absueltos.
En el planteo de casación de la sentencia, Finochietti sostuvo que los jueces echaron mano a un criterio de prescripción por "secuela de juicio" que fue descartado por del Tribunal Superior de Justicia neuquino en sus fallos y que "nunca fue adoptado ni por los tribunales nacionales ni los locales".
Insistió que el término solamente se conoce "para los claustros académicos, sin ninguna incidencia real en la resolución de los casos penales sometidos a juicio".
Finochietti reafirmó que la causa por la apropiación de los fondos del municipio nunca estuvo prescrita porque desde la investigación en 2002, la fiscalía "aportó todas las pruebas al juzgado y en forma casi inmediata, se pudo indagar a los imputados, dictar los procesamientos" y luego elevar a juicio en abril de 2006.
Tras una catarata de recursos de apelación de las defensas, el 12 de abril de 2010 se elevó a juicio y luego se realizó la audiencia preliminar el 8 de julio de 2011 y "más allá que haya fracasado la posibilidad de llegar a un acuerdo", se hizo el juicio abreviado en esa fecha. La casación de la sentencia fue por "aplicación incorrecta del instituto de la prescripción".
La fiscal retrucó el argumento de que no hubo prueba suficiente para condenar, e insistió en que durante las audiencias hubo constatación de los delitos cometidos por los funcionarios a través de testimonios que no fueron valoradas por los jueces.
Para la fiscal hubo testimonios para avalar la actividad delictiva de los exfuncionarios comunales y lamentó que más de una decena de testimonios no fueron incluidos en la valoración de los jueces sobre el "modus operandi" al que apelaron las autoridades centenarienses para hacerse del dinero de la comunidad.
Criticó "la ligera mención que hace el tribunal de las pruebas producidas e incorporadas en la audiencia". Cuestionó que se obviaran las "numerosas escuchas", y ejemplificó aquella "en la que Patricia Gutiérrez (secretaria de Gobierno) le pide a Héctor Molina (Zapallito) que para justificar la entrega de maderas que utilizaba en la construcción de su propiedad, debía conseguirle un par de nombres (de desocupados a su cargo) para poder hacerlo figurar como subsidios y así justificar tal entrega".
Dijo que más allá de la abundante descripción del " modus operandi" del exintendente y sus secretarios, siete testigos "dicen que jamás recibieron los subsidios que figuran en las planillas" que figuran pagados por la comuna y otorgados por Acción Social "a cargo de Patricia Gutiérrez, con la autorización y firma de los cheques tanto el intendente Castillo como el Secretario de Hacienda Roberto Contreras".
Recordó que otros tres testigos confirmaron que nunca recibieron mercaderías o materiales de la comuna "aunque se agregaron facturas o tickets de compra con los que se justifica la adquisición", mencionó los trabajos facturados dos veces, o "tal nivel de impunidad" con el uso de facturación de personas fallecidas.
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