Los fiscales federales riojanos Darío Illanes y Carlos
Gonella pidieron la elevación a juicio oral y público de la causa por la muerte provocada del obispo Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto
de 1976.
Los fiscales sostienen que Angelelli fue asesinado "en
un atentado" producto de "un accidente intencional", y
consideran probada la complicidad de miembros de la Iglesia Católica
durante la represión de la última dictadura militar.
"Podemos afirmar con seguridad que la colisión
automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada
de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos", indicaron
Illanes y Gonella.
En la camioneta viajaban el entonces obispo, al volante, y
el sacerdote Arturo Pinto, quien salvó su vida "por razones ajenas a la
voluntad de los acusados".
Por este crimen están imputados el dictador Jorge Videla y
el exministro del Interior Albano Harguindeguy, acusados de emitir
"directivas precisas para eliminar los grupos vinculados al Movimiento de
Sacerdotes del Tercer Mundo".
La acusación también alcanza al exjefe del Tercer Cuerpo de
Ejército Luciano Benjamín Menéndez y a dos jefes del aparato represivo de La Rioja : el exvicecomodoro
Fernando Estrella, entonces segundo de la base de la Fuerza Aérea (Celpa)
que funcionó como centro clandestino, y al entonces titular de la D 2 (inteligencia), el
excomisario riojano Juan Carlos Romero.
Menéndez y Estrella, junto a otro excomisario de la policía
local, Benito Vera, también son juzgados por el secuestro, torturas y asesinato
de los sacerdotes de Chamical Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
ocurrido pocos días antes de la muerte de Angelelli.
El dictamen fiscal dice que es "de singular importancia
mencionar que así como en otras investigaciones ha quedado claro el rol
desempeñado por otras instituciones estatales durante el terrorismo de
Estado", en esta causa "se ha demostrado" que la represión operó
con la colaboración de jerarcas de la Iglesia.
Los fiscales destacaron una entrevista que Videla mantuvo el
10 de abril de 1978 con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina. (DyN)
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