Dijo además que tuvo en cuenta las opiniones favorables de
los vecinos que declararon en el juicio a favor de los imputados, pero también
“las secuelas físicas y psíquicas que sufrieron y sufren las víctimas y sus
familiares”. El alegato de Grosso reconstruyó los operativos en Sapere, Cutral
Có y los hechos ocurridos en la comisaría de 24, en donde -dijo- funcionó un
centro de detención ilegal.
El juicio continuará el 22 de octubre, con los
alegatos de las defensas.
El fiscal federal Marcelo Grosso solicitó penas de 24
años para Hilarión de la
Paz Sosa , médico del BING 181; Enrique Braulio Olea, jefe del
BING 181; Gustavo Vitón, jefe del área 521 con epicentro en la comisaría de
Cipolletti; Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de Inteligencia de la VI Brigada ; Jorge
Molina Ezcurra, oficial de Inteligencia; Sergio San Martín, oficial de
Inteligencia; Raúl Antonio Guglielminetti, personal civil de inteligencia;
Osvaldo Laurella Crippa, teniente coronel a cargo de la jefatura de policía de Neuquén;
Alberto Camarelli, jefe de la comisaría 24 de Cipolletti a cargo de la subzona
represiva 5212, y para Miguel Angel Quiñones, personal de inteligencia de la
policía de Río Negro. Solicitó 20 años de prisión para el comandante
de la VI Brigada ,
José Ricardo Luera, 15 para el subjefe de Inteligencia Enrique
Charles Casagrande y Emilio Sachitella, oficial de Gendarmería Nacional, 10
años para Francisco Julio Oviedo, suboficial de Inteligencia militar;
Jorge Gaetani, subteniente del BING 181; Máximo Maldonado, subjefe de
Inteligencia; Oscar Del Magro, oficial de la policía de Río Negro, y Julio
Villalobo, suboficial de la comisaría 24; 8 años de prisión para
Serapio del Carmen Barros, personal civil de Inteligencia, y para Saturnino
Martínez; suboficial de la 24, mientras que para Gerónimo Huircaín, oficial de
la comisaría 24, y Desiderio Penchulef, jefe de la comisaría de Cinco Saltos, solicitó
5 años.
Durante su exposición, Marcelo Grosso se refirió a que “la
fuerza policial tuvo una participación preponderante” en los crímenes de lesa
humanidad acontecidos durante la última dictadura cívico militar en la región.
También expresó que “todos vamos a coincidir en que no fue legal (la
dictadura), pero por más ilegal que haya sido cumplió sus fines y todo el país
lo padeció”. Además, se refirió a la probación de la existencia de la llamada
“Escuelita” como centro clandestino de detención y dedicó una importante
porción de tiempo a las tareas de inteligencia y quienes las realizaban.
Palabras del fiscal Grosso, en rueda de prensa:
Palabras del fiscal Grosso, en rueda de prensa:
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