A 20 años de la privatización menemista, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que expropia el 51% de la principal petrolera del país. Habrá una fuerte participación de las provincias. El gobierno español y Repsol amenazaron con juicios y represalias.
Por Mariano Beristain
En una fecha histórica para la política argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer la determinación de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contempla la expropiación por parte del Estado Nacional del 51% de las acciones de YPF y la recuperación del control de los recursos hidrocarburíferos de la Nación. “De continuar esta política de vaciamiento y de no inversión, Argentina se hubiese convertido en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, luego de China y Estados Unidos”, explicó la mandataria al ofrecer algunos de los fundamentos del proyecto (ver p. 3). Uno de los objetivos centrales de la reestatización de la empresa es revertir el déficit de U$S 3029 millones que tuvo en el 2011, lo que convirtió a la Argentina, una nación con enormes reservas energéticas, en un país importador neto de gas y petróleo por primera vez desde el año 1994.
Además, en el mismo acto, Cristina, acompañada por funcionarios, gobernadores, empresarios, sindicalistas y dirigentes sociales, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que interviene la petrolera y designa al ministro de Planificación Julio De Vido, secundado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, al frente de la gobernanza de la empresa hasta tanto se defina el futuro de la firma. De esta manera, el gobierno busca garantizar el normal funcionamiento de la compañía y asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo a la espera de que el Parlamento apruebe la iniciativa y coloque la piedra angular de la nueva YPF. Hoy al mediodía, el Senado comenzará a debatir en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, y Combustible, el proyecto oficial que ingresó ayer mismo a través de la mesa de entrada. Los legisladores del oficialista Frente para la Victoria confían en que podrán hacer prevalecer su mayoría y lograr la aprobación en el recinto la semana próxima. Como era de prever, la iniciativa recibió el visto bueno de todo el arco oficialista y de los partidos de centro y centroizquierda mientras que la derecha expresó abiertamente su malestar. “Compartimos y acompañamos plenamente a nuestra presidenta y el control estratégico por parte del Estado, pues es condición necesaria para revertir las necesidades de abastecimiento”, señaló el titular de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, palabras que recibieron el beneplácito de su par en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, y de una decena de legisladores del FPV. Por su parte, Alfonso Prat–Gay, legislador de la centroderechista Coalición Cívica, rechazó el proyecto y responsabilizó a la Nación y a las provincias por el “colapso energético que vive el país”. Desde la filas del radicalismo titubearon y no plantearon una posición formal y se comprometieron a presentar una alternativa en los próximos días. La propuesta oficial recibió el apoyo incondicional de los gobernadores de las empresas hidrocarburíferas. De hecho, ayer hubo una asistencia perfecta. Estuvieron, entre otros, el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y toda la camada de mandatarios de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburcos (Ofephi), Martín Buzzi (Chubut), Daniel Peralta (Santa Cruz), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gildo Insfran (Formosa) y Juan Manuel Urtubey (Salta). Junto a la presidenta también estuvieron presentes el ministro de Planificación, Julio De Vido, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, los dos referentes del Ejecutivo que se encargarán de conducir la compañía durante el tiempo que se extienda la intervención, prevista inicialmente por 30 días. Asimismo, el proyecto oficial sirvió como un puente de planta para invisibilizar, al menos por unas horas, las diferencias que la Confederación General del Trabajo mantiene con el gobierno. A través de un comunicado, la Central Obrera de Hugo Moyano dijo que “hacen suya la decisión del gobierno nacional de retomar el control sobre la empresa nacional de petróleo, nuestra querida YPF”. Bajo la misma bandera se ubicó la Central de Trabajadores Argentinos de Hugo Yasky.
En cambio, para el sector financiero, histórico detractor de la presencia del Estado en la economía, la medida resultó un baldazo de agua fría. En medio de un panorama de franco retroceso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires decidió suspender ayer la cotización de las acciones de YPF, mientras que en Wall Street los papeles de la empresa llegaron a caer hasta un 20%, y cuando se suspendió la cotización cerraron un 11% abajo. Las calificadoras de riesgo arremetieron contra la decisión argentina, e incluso Fith Ibca le bajo el rating a la deuda de YPF.
Sin embargo, el gobierno español fue el que más se horrorizó con la decisión soberana de la Argentina. En una conferencia de prensa donde primaron las caras agrestes, los funcionarios de Mariano Rajoy condenaron la decisión “arbitraria” de las autoridades argentinas y anunciaron que adoptarán medidas “claras y contundentes” en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, amenazó con aplicar represalias a nuestro país. “Quiebra el clima de confianza necesario para atraer las inversiones. Es una pésima decisión para España, para la Argentina, y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios”, disparó enojado. Al ser consultado sobre la posibilidad de llamar al embajador a consultas, el canciller respondió: “Este gobierno no suele tomar decisiones en reuniones de urgencia”, y se mostró escandalizado porque los directivos de Repsol hayan sido desalojados manu militari del lugar”. Para la dirección de Repsol, la decisión de expropiar YPF es “manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria”. La empresa también anunció que llevará a cabo todas las acciones legales que considere “oportunas”. En un comunicado, Repsol añade que se reserva todos los derechos y acciones “conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el Tratado de Protección de Inversiones Argentina-España”. Lo que queda en claro es que la decisión de Cristina de recuperar para la Argentina la principal petrolera del país dividió aguas: en un sendero se ubicó el gobierno y la dirigencia política progresista y nacionalista, mientras que en la vereda de enfrente se situaron Repsol, el gobernante Partido Popular de España y los sectores más tradicionales y ortodoxos de la clase política argentina, que salieron a defender de forma desembozada los intereses españoles en la Argentina.
Fuente: Diario Tiempo Argentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario