El diputado provincial de Centenario, Eduardo “Piche” Enríquez (MPN), denunció haber sido amenazado por un grupo de desocupados que lo mantuvo cautivo durante dos horas en su oficina local, para intentar cobrar una deuda atribuida a su hermano.
El conflicto viene desde hace tiempo, por un juicio laboral que afronta Ángel Enríquez, de la cooperativa Los Cerezos, quien contrató a otra entidad de desocupados para empacar cereza en esta localidad.
La sociedad –en la que estaba el líder Héctor Zapallito” Molina– presentó quiebra y Enríquez, quien era responsable solidario, se vio obligado a pagar más de un millón de pesos a unos 140 desempleados, según relató su hermano diputado.
“Me amenazaron con prenderme fuego y cagarme a trompadas (sic). Ellos presionan en todos lados y yo no tengo absolutamente nada que ver. Me dijeron que si no les pagaba mi hermano, tenía que pagarles yo”, expresó el legislador.
Los desocupados –que no serían más de doce según relató– se acercaron hasta la oficina personal que tiene el diputado en la calle Corrientes y Río Negro del Parque Industrial de Centenario. Alrededor de las 8.45 se disponía a salir hacia la Legislatura, cuando un grupo de personas le atravesó una camioneta frente al portón de salida.
“Tuve que llamar a la Policía que identificó a las personas porque no me dejaban salir. Esto me viene pasando hace tiempo, me llaman por teléfono y me amenazan. No se puede hablar con ellos, porque me dicen que yo tengo que ver y yo les digo que no”, acotó Enríquez.
Expresó que entre los desocupados que estuvieron en su oficina, los uniformados reconocieron a José “Necho” Monsalve, un activo líder vinculado al emepenismo y a “Chano” Retamal, quien sería del mismo riñón que el primero. El diputado aseguró que no pidió custodia, pero radicó una denuncia penal en la Justicia.
Dijo que el acto violento tuvo un “padrinazgo” y no dudó en que podría tratarse de una interna dentro del partido provincial.
El miércoles, en los juzgados de Cipolletti, Ángel Enríquez, en una mediación, ofreció abonar una suma de 1.500 pesos a cada trabajador, pero éstos lo rechazaron.
A finales de 2009, estos grupos de desocupados protagonizaron un conflicto frente al ex galpón Martín Pescador de la familia Della Gáspera en el Parque Industrial de Centenario, donde procesaban la cereza. El escándalo terminó con disparos de arma de fuego y una amenaza a un reportero gráfico de esta localidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario