Más de treinta casos de facturas adulteradas. En algunas,
con valores hasta cincuenta veces más elevados que el original fueron expuestos
ayer en el juicio por presunto peculado que se le sigue al ex intendente de
Centenario Luis Castillo y a once ex funcionarios.
Alrededor de once pequeños comerciantes de esta localidad –de polirubros,
papelerías, imprenta y talleres del automotor– declararon por las
sospechas sobre fraude en expedientes con el objetivo de librar cheques de un
mayor monto, allá por 2002.
Castillo y once ex funcionarios están acusados de haber arbitrado maniobras administrativas para quedarse con dinero público, en un juicio donde los testigos tienen que recordar hechos sucedidos hace poco más de diez años.
La mayoría de los comerciantes aseguró que los montos por los cheques librados (en un quiosco fue de 250 cuando en realidad en la factura original figuraba 5 pesos) habrían sido adulterados y no se correspondían con las copias del talonario.
La fiscal de Cámara, María Dolores Finochietti, apuntó a dos ex funcionarios de Castillo por estas dos maniobras: el ex secretario de Hacienda, Roberto Contreras y el encargado de Servicios Públicos, Carlos Iribarren.
Los alegatos están previstos para el próximo miércoles 24 de octubre, cuando la defensa y la fiscal tiren sus últimas cartas de cara a la sentencia de los jueces Mario Rodríguez Gómez y los subrogantes Marcelo Benavides y Dardo Borbón dela Cámara Criminal
Primera.
La fiscal expuso las maniobras antes los imputados y comerciantes para comprobar la existencia de la adulteración. En uno de los casos, se confirmó que una factura por 20 pesos por fotocopias, se le había adosado el número 20, (con la supuesta compra de cartuchos de tinta para una impresora) para convertirla en una de 250 pesos.
Ayer declararon comerciantes de papelerías, de un taller de electricidad del automotor, de un kiosco y otro polirubro. Dos personas no pudieron declarar debido a que ya no figuraban con actividad comercial en Centenario.
La fiscal dejó entrever que las compras originales al municipio poco tenían que ver con la emisión de los cheques de un monto más elevado. Se adquiría un bien mínimo de un comercio y luego se le agregaban compras adicionales que no figuraban en los talonarios de facturas duplicados del proveedor.
"Los imputados están acusados de peculado reiterado", una calificación que únicamente está sujeta a la condición de funcionario público del imputado.
Vale recordar que el ex piquetero Héctor “Zapallito” Molina –quien aparece en la causa como un supuesto beneficiado de los dineros públicos por maniobras ligadas a los ex funcionarios– quedó libre al concedérsele la suspensión del juicio a prueba.
Castillo y once ex funcionarios están acusados de haber arbitrado maniobras administrativas para quedarse con dinero público, en un juicio donde los testigos tienen que recordar hechos sucedidos hace poco más de diez años.
La mayoría de los comerciantes aseguró que los montos por los cheques librados (en un quiosco fue de 250 cuando en realidad en la factura original figuraba 5 pesos) habrían sido adulterados y no se correspondían con las copias del talonario.
La fiscal de Cámara, María Dolores Finochietti, apuntó a dos ex funcionarios de Castillo por estas dos maniobras: el ex secretario de Hacienda, Roberto Contreras y el encargado de Servicios Públicos, Carlos Iribarren.
Los alegatos están previstos para el próximo miércoles 24 de octubre, cuando la defensa y la fiscal tiren sus últimas cartas de cara a la sentencia de los jueces Mario Rodríguez Gómez y los subrogantes Marcelo Benavides y Dardo Borbón de
La fiscal expuso las maniobras antes los imputados y comerciantes para comprobar la existencia de la adulteración. En uno de los casos, se confirmó que una factura por 20 pesos por fotocopias, se le había adosado el número 20, (con la supuesta compra de cartuchos de tinta para una impresora) para convertirla en una de 250 pesos.
Ayer declararon comerciantes de papelerías, de un taller de electricidad del automotor, de un kiosco y otro polirubro. Dos personas no pudieron declarar debido a que ya no figuraban con actividad comercial en Centenario.
La fiscal dejó entrever que las compras originales al municipio poco tenían que ver con la emisión de los cheques de un monto más elevado. Se adquiría un bien mínimo de un comercio y luego se le agregaban compras adicionales que no figuraban en los talonarios de facturas duplicados del proveedor.
"Los imputados están acusados de peculado reiterado", una calificación que únicamente está sujeta a la condición de funcionario público del imputado.
Vale recordar que el ex piquetero Héctor “Zapallito” Molina –quien aparece en la causa como un supuesto beneficiado de los dineros públicos por maniobras ligadas a los ex funcionarios– quedó libre al concedérsele la suspensión del juicio a prueba.
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