La querella del Centro de profesionales por los Derechos
Humanos (Ceprodh) pidió ayer que el Tribunal Oral Federal condene a los 22
imputados "por genocidio", para que la pena judicial "coincida
con la verdad histórica". Seis personas permanecen desaparecidas y por eso
reclamaron prisión perpetua y a 30 años de cárcel en algunos casos.
Consideraron probado el ataque a la militancia en la región,
tanto la gremial, como la estudiantil y la política.
"En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López,
de los trabajadores y el pueblo pobre", pidieron las siguiente penas: para
Oscar Reinhold, Hilarión Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge
Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl
Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.
Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio
Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino
Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.
"En Argentina tuvo lugar un genocidio, cometido por
genocidas que cometieron actos genocidas; el genocidio no es un marco, como se
ha consignado en algunas condenas en juicios similares en otros puntos del
país- sino un delito", subrayaron las querellantes Ivana Dal Bianco y
Natalia Hormazábal.
En una extensa explicación indicaron que no aceptan el
argumento de la falta de tipicidad legal para no condenar por este delito,
porque entienden que existe el encuadramiento en el artículo 55, que habla de
"concurso de delitos" y porque la Convención Internacional
para la prevención y sanción del delito de genocidio, caracteriza lo ocurrido
en Argentina "en los apartados a, b y c del artículo 2".
Sostuvieron que genocidio es "un crimen de
crímenes" que se produjo en medio de un ataque desmedido en contra de la
militancia, cuando fueron secuestrados, torturados, desaparecidos "por su
pertenencia a un grupo nacional", a una parte del país que buscaba
"pelear por un país sin explotadores ni explotados".
Detallaron que el señalamiento de este grupo nacional fue
hecho "por el mismo represor" que buscó en el
"aniquilamiento" de este sector su herramienta para transformar lo
que requería, la imposición de un modelo económico.
Con un paralelismo sobre cómo en la región se aplicaron los mismos
mecanismos del "plan genocida" que operó en el resto del país,
argumentaron que los jueces deben condenar por genocidio para que "la
verdad histórica coincida con la verdad judicial".
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