A diez años del inicio de la investigación, la
justicia fijó finalmente que el 1 de octubre comenzará el juicio oral contra el
ex intendente de Centenario, Luis Castillo, el piquetero Héctor
"Zapallito" Molina, y un grupo de ex funcionarios municipales,
vecinos y pequeños comerciantes de esa ciudad involucrados en lo que se conoció
como "el escándalo de los subsidios". Alguno de los imputados solicitó
la suspensión del juicio a prueba (probation) y se le concedió, por lo que no
se descarta que otros hagan lo mismo en los próximos días.
Están previstas 15 audiencias, la última el 24 de octubre,
durante las cuales declararán casi 100 testigos. Los imputados son 14, la
mayoría están acusados de peculado, por apropiarse de fondos destinados a
subsidios en beneficio personal (ver aparte).
Aunque ya todas las partes están notificadas del formal
inicio de las audiencias, no se descarta que a último momento se suspenda el
debate por planteos de algunos de los muchos defensores que intervienen.
Esta investigación, vertiginosa al principio pero que se fue
aletargando hasta consumir una década sin resolución, comenzó por un corte de
la ruta 7 por parte de un grupo de desocupados de Centenario que reclamaba
subsidios del gobierno provincial.
A partir de un minucioso trabajo de la fiscalía de Delitos
contra la
Administración Pública (disuelta años después) se detectó una
espesa trama que involucraba a funcionarios municipales, piqueteros que
figuraban como titulares de empresas fantasma, vecinos y pequeños comerciantes
en el desvío de fondos públicos destinados a personas carenciadas.
Del centenar de testigos citados a juicio, muchos son
personas que jamás percibieron un subsidio pese a que en los papeles figuraban
como beneficiarios.
El escándalo hizo insostenible a Castillo en el cargo, quien
menos de dos meses después renunció en la Casa de Gobierno rodeado por el entonces
gobernador, Jorge Sobisch, y su vice Jorge Sapag.
La causa judicial avanzó con mucha más lentitud, cambió
varias veces de juez y de fiscal, y a lo largo de los años se produjeron
innumerables incidencias planteadas por los abogados defensores.
Uno de los ataques centrales fue contra las escuchas
telefónicas, que ayudaron a desentrañar los vínculos entre los imputados. Sin
embargo quedaron en pie y podrán ser utilizadas como prueba, indicaron fuentes
judiciales consultadas ayer. Otros planteos fueron por la insubsistencia de la
acción penal, atento el tiempo transcurrido. También fueron rechazados, pero no
se descarta que haya una reedición en la primera audiencia del juicio.
Abogados e imputados
Abogados e imputados
Los imputados, los cargos y defensores son: Luis Castillo
(exintendente de Centenario, lo defendía Ricardo Cancela y aún no designó
reemplazante); Héctor "Zapallito" Molina (piquetero, Juan Kees y
Santiago Narváez); Roberto Contreras (secretario de Hacienda, defensor oficial
Gustavo Vitale); Patricia Gutiérrez (secretaria de Gobierno, Gustavo Mazieres y
Gustavo Olivera), Mario Rechioni (Acción Social, Mazieres y Olivera), Elvira
Ascolese (Acción Social, Facundo Trova y Alejandro Bustamante), Emilio Cimolai
(Producción, Mazieres y Olivera), Néstor Larrazábal (Compras, Vitale), Carlos
Iribarren (Corralón, Vitale). También, Gonzalo Sandoval (lo defiende Vitale),
Samuel Bustos (Eduardo Badano), Manuel Gómez (Vitale), Oscar Mendoza (Vitale) y
Marta Escobar (Badano). La fiscal será María Finochietti y el tribunal, Mario
Rodríguez Gómez, Marcelo Benavides, Dardo Bordón (subrogantes), secretaría de
Gabriela Villalobos.
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