Por la información disponible, la agresión consistió en
una serie de disparos que dejaron su impronta (dos impactos de bala) sobre una
de las señaléticas realizada por el gobierno nacional y provincial a iniciativa
del movimiento de derechos humanos de Bahía Blanca.
La preocupación ante semejante hecho es profunda porque se
reitera en otras señalizaciones a CCD en el país, siendo casi una reacción
sistemática. En este caso particular, el predio es propiedad del Ejército, por
lo tanto es preciso despejar toda duda acerca de cómo pudo ocurrir sin que
mediara una acción por parte de quiénes son los responsables de su protección.
Sería un enorme retroceso para la democracia admitir que en
las Fuerzas Armadas aún persisten quiénes siguen reivindicando las violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura militar. Esta duda que nos
intranquiliza podrá disiparse a través de una intervención rápida y
diligente de la justicia a los fines de aclarar los hechos y las posibles
responsabilidades, por acción u omisión.
Por otra parte, resulta evidente que el ataque busca
expresar la resistencia activa de sectores ante los avances de la justicia por
delitos de lesa humanidad tal como sucede en Bahía Blanca en estos momentos.
El alerta y la respuesta contundente son imperiosos, la
desaparición de Julio López es la muestra más dolorosa de cuánto estos sectores
autoritarios aún puedan dañar a la democracia.
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