La Procuración General de la Nación radicó ayer en los
tribunales federales de Comodoro Py la denuncia penal formulada por el gobierno
nacional contra los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal por llevar a
cabo un supuesto mecanismo irregular para nombrar jueces subrogantes en ese
fuero. Además, se acusa a los cinco miembros del Consejo de la Magistratura de
participar de una maniobra destinada a impedir que se complete el concurso para
designar al juez que debe fallar sobre la Ley de Medios.
Tal como anticipó Tiempo Argentino el delito que se pide investigar es el de
"incumplimiento de los deberes de funcionario público", al que se
suma el de "abuso de autoridad", en una presentación girada el lunes
a la Procuración
por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La causa recayó en el Juzgado
N° 9, a
cargo del debutante juez federal Luis Rodríguez, con la intervención del fiscal
Gerardo Di Masi. La denuncia, de alguna manera, apuntó a los consejeros
radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, a los abogados Alejandro Fargosi y
Daniel Ostropolsky y al juez Ricardo Recondo, quienes sorpresivamente
impugnaron en su tramo final el concurso 258 que debe designar a los
magistrados de primera instancia en la justicia Civil y Comercial Federal.
La acción penal, que había sido anunciada el lunes por el ministro de Justicia
Julio Alak, fue firmada por Abal Medina y por la procuradora del Tesoro,
Angelina Abbona y luego trasladada a la Procuración General
para ser presentada. De acuerdo al escrito al que pudo acceder este diario, no
sólo se pide que se investigue a los consejeros y al juez Recondo en su doble
rol –como autoridad de la
Cámara y por ser quien encabeza la oposición al concurso para
designar jueces titulares– sino que la denuncia también impacta en el camarista
Martín Farrell, presidente de esa Cámara, que junto al vice, Recondo fue
responsable de implementar el régimen de subrogancias, que se sospecha
irregular.
Farrell además registraba una impugnación en el marco de la causa impulsada por
el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Medios, por lo que su intervención,
deslizaron fuentes oficiales, podría derivar incluso de una imputación por
"prevaricato".
El Ministerio de Justicia aclaró en un comunicado que la denuncia penal solicitó
que se investiguen las irregularidades detectadas en la Cámara Civil y
Comercial de la
Capital Federal, e identificó que la primera de ellas refiere
a la competencia. Según la cartera que conduce Alak, "la Cámara Civil y
Comercial se declaró competente en un asunto de derecho público, en el que debe
entender el fuero Contencioso Administrativo para dictar una medida cautelar
que congeló por tres años la aplicación integral de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual”.
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